BLOQUE SOMOS VIDA – UNION FEDERAL COMUNICADO DE PRENSA
La diputada provincial Amalia Granata, presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe un Proyecto de Declaración, mediante el cual manifestó su rechazo y repudio a la resolución del Fiscal Omar de Pedro, de la localidad santafesina de Santo Tomé la restitución de setenta y siete perros raza GALGO a sus dueños tras un rescate efectuado por la Asociación Civil Galgos Libres, que diera inicio a causa penal y condena por malos tratos y organización de carreras clandestinas imputables a los dueños; todo en violación a las disposiciones de la Ley Nacional N.o 27.330. La presidenta del bloque SOMOS VIDA – UNIÓN FEDERAL, relató que “en la ciudad de Santo Tomé, Dpto. La Capital de esta Provincia, organizaciones y asociaciones civiles en defensa de los animales y en lucha contra el maltrato animal, rescataron a setenta y siete perros galgos poco antes de que tuviese lugar una carrera clandestina y agregó: “con motivo de este suceso, fueron demoradas alrededor de ciento cincuenta (150) personas, presuntamente involucradas en el maltrato animal y en la organización de carreras clandestinas -donde los galgos-, famosos por su destreza y velocidad, sufren tratos denigrantes y la administración de drogas para “mejorar” su rendimiento en estas competencias. Mientras tanto, las organizaciones defensoras y protectoras de animales alojaron de forma transitoria a los perros rescatados a fin de evitar que permanezcan encerrados en una guardia o depósito judicial. Con el avance de la causa el fiscal actuante ordenó la inmediata restitución de los 77 perros a los dueños maltratadores, haciendo saber que de no acatar las organizaciones defensoras de animales tal decisión, procedería a imputar a sus miembros el delito de desobediencia a la autoridad. Amalia Granata explicó que: “esta decisión no resulta sólo contraria al sentido común (toda vez que a nadie se le ocurriría como solución al conflicto, devolver los animales a quien perpetró el delito), sino a la propia sentencia dictada por el Dr. Jorge Patrizi, juez penal de aquella circunscripción, que condenó al único imputado de la causa de las carreras de Santo Tomé, a la pena de prisión en suspenso y una multa de $ 100.000,00 por contrariar las disposiciones de la Ley Nacional No 27.330”.BLOQUE SOMOS VIDA – UNIÓN FEDRAL COMUNICADO DE PRENSA
La diputada provincial Amalia Granata, presentó en la Legislatura de la provincia de Santa Fe un Proyecto de resolución mediante el cual propone realizar una Jornada de Concientización, Difusión y Promoción de la importancia de la donación y trasplantes de órganos y materiales anatómicos de personas fallecidas menores de 18 años de edad. “Este proyecto surge como consecuencia de la problemática que se da a nivel nacional, y de la cual la Provincia de Santa Fe no está exenta, relativa a la ablación y trasplante de órganos y materiales anatómicos en personas menores de 18 años de edad. Ello, por cuanto resulta muy difícil y hasta a veces imposible, que la cantidad de menores en lista de espera para trasplante obtenga el órgano que necesita para continuar su vida en el momento indicado del tratamiento”, manifestó la presidenta del Bloque SOMOS VIDA – UNIÓN FEDERAL. En la Argentina, la cuestión de ablación y trasplante de órganos se rige por la Ley Nacional No 27.447, “Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células”, también llamada “Ley Justina” (sancionada a partir de la lucha de los familiares de la pequeña Justina, fallecida el 22 de noviembre de 2017 mientras esperaba su propio trasplante de corazón). “En Argentina, se manifiestan dos escenarios: por un lado, los mayores de 18 años, pueden donar en vida a determinados parientes/cónyuges –limitación que no existe respecto de células progenitoras hematopoyéticas (CPH), y se consideran donantes de órganos cadavéricos siempre que en vida no hubieran manifestado lo contrario y por otro, los menores de 18 años, sólo pueden ser donantes de CPH y siempre y cuando exista un grado de parentesco con la persona que los recibe. En el caso de órganos cadavéricos, ya no existe presunción de que el menor es donante salvo manifestación en contrario dada en vida, sino que se necesitará de la autorización de ambos progenitores, pues la oposición de uno elimina la posibilidad de llevar adelante la extracción en el cuerpo del menor», explicó Amalia Granata. La legisladora santafesina expresó que: “tal cual nos podemos dar cuenta entonces, los niños que necesitan trasplantes de órganos muchas veces encuentran la dificultad de que no existen donantes u órganos compatibles (por una cuestión histológica pero también de edad), debido a que, por un lado, afortunadamente fallecen muchos menos niños que adultos y, por el otro, cuando estos trágicos hechos ocurren, envueltos en un dolor inconmensurable, muchas veces sus padres deciden no donar los órganos del pequeño fallecido”. En Argentina, según datos de “Casa Justina”, se encuentran actualmente (entre niños y mayores de edad) casi 8.000 personas en lista de espera de un órgano, y se conocen alrededor de 200.000 que en algún momento de su vida necesitarán uno (por ejemplo, habiendo actualmente 30.000 personas en diálisis). También, hay alrededor de 45.000 ya trasplantadas vivas.